Guillermo Pickering de la Fuente
Presidente ejecutivo de ANDESS*

En las últimas semanas, la disputa sobre la propiedad de las aguas servidas tratadas ha involucrado a distintos sectores de la opinión pública. La Sociedad Nacional de Agricultura declaró recientemente que la venta de aguas servidas tratadas por parte de las empresas sanitarias pondría en riesgo la actividad de algunos agricultores, ante lo cual ANDESS consideró necesario hacer ciertas precisiones.

Entre otras, que nuestro sector utiliza apenas cerca de un 6% del agua cruda disponible en el país, por lo que mal podría estar poniendo en riesgo al sector agrícola, que concentra en su actividad más del 80% del derechos agua de Chile y que en muchos casos se sub utilizan debido a deficientes y anticuadas técnicas de riego. Además, gracias a la descontaminación que las empresas sanitarias realizan de las aguas servidas que evita la contaminación de las fuentes naturales, los agricultores no tienen barreras sanitarias para exportar, ya que cumplen con todas las disposiciones ambientales que exigen los tratados de comercio internacional firmados por nuestro país en las últimas décadas.

No obstante lo anterior, los agricultores han insistido en que las sanitarias se apropian ilegítimamente de las aguas servidas tratadas, en lo que parece un desconocimiento absoluto del Código de Aguas. Según éste, los derechos consuntivos que poseen las empresas de servicios sanitarios “…facultan a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad”.

En este contexto, nos parece preciso insistir en que las empresas sanitarias jamás han hecho uso, ni se han apropiado de forma alguna de los derechos de aprovechamiento de aguas que no son propios, ni mucho menos los de los agricultores y/o canalistas. Las aguas que las empresas potabilizan, distribuyen, recolectan y finalmente tratan, corresponden a sus propios derechos de aprovechamiento. Además, el giro único al que están obligadas por ley les permite desarrollar negocios relacionados con este giro, que no están regulados, pero cuyas utilidades significan descuentos en las tarifas por tratamiento de los clientes de la empresa.

En el actual estado de cosas, más allá de los fallos judiciales pendientes sobre demandas que los agricultores interpusieron contra algunas empresas sanitarias –los que nos parece nocivo tratar de influenciar a través de los medios de comunicación-, parece que ha llegado el momento de la sociedad en su conjunto, incluyendo a los actores gubernamentales, políticos, y de distintos sectores de la comunidad, aborde una discusión seria sobre el futuro de los recursos hídricos del país y las formas de preservarlos y utilizarlos de manera eficiente y responsable, que pueda asegurar su disponibilidad a las futuras generaciones.

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