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Para propender hacia esta visión en la gestión del agua, en Chile es indispensable fortalecer a las organizaciones de usuarios de derechos de aprovechamiento y, a su vez, empoderar a un organismo estatal con atribuciones claras y por sobre las demás instituciones del Estado. La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas es la base institucional adecuada para asumir este rol. El diagnóstico en torno al marco institucional de la gestión de los recursos hídricos del país es compartido por diversos sectores productivos, el gobierno y organismos de prestigio internacional. Por ejemplo, en noviembre pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe sobre la Gobernanza del Agua en América Latina y El Caribe, es tajante al hablar de fragmentación, a lo que debe sumarse el completo diagnóstico efectuado por el Banco Mundial, encargado por la DGA y presentado en 2011, el que advierte que a medida que aumente la competencia por el agua, lo harán los conflictos y se intensificarán las presiones ambientales. Esta atomización en las responsabilidades y competencias que se superponen redunda, por ejemplo, en la existencia de información desagregada, incompleta, que con frecuencia tiende a contradecirse y que termina opacando un mercado estratégico para la vida de las personas y el desarrollo del país. Esto se traduce, con frecuencia, en que no coinciden los títulos jurídicos con la disponibilidad de recursos hídricos o bien se otorgan más caudales que los existentes. Por lo mismo, resulta altamente positivo el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Mundial estén hoy abocados a la generación de un nuevo marco normativo de las aguas, cuyo fin sea otorgar gobernabilidad a una interacción entre la administración pública, el mercado y las organizaciones privadas de usuarios y la sociedad civil. La industria sanitaria ha comprobado que es posible la coordinación entre los usuarios de aprovechamiento. La actual sequía que ya se extiende por tres años en una vasta zona del país ha dejado importantes lecciones en el sentido de lograr acuerdos para racionalizar el uso del recurso mediante diversos instrumentos, tales como arriendo de derechos, compra de los mismos o simplemente estableciendo -y respetando- un régimen de uso. Como consecuencia de ello, y junto a las inversiones de las empresas sanitarias, se ha podido asegurar el abastecimiento de agua potable para este año en las zonas de concesión en las cuales operan. Es preciso señalar que la normativa chilena es la única en el mundo que no prioriza el agua para consumo humano por sobre otros usos, lo que, sin duda, constituye una debilidad estratégica. Dicho lo anterior, y a la hora de poner en práctica la gobernabilidad de los recursos hídricos basada en una gestión integral de cuencas, queda en evidencia que cada una de ellas –o un grupo de cuencas interconectadas- constituye un todo único, con una realidad propia. Sólo como ejemplo, un litro de agua por segundo en el norte, en el centro o en el sur es incomparable en cuanto a valor y significación. Y estrictamente hablando, una cuenca termina más allá de su desembocadura, en el mar, con efectos incluso sobre el sector pesquero. En el caso de Chile, no con poca frecuencia esta unidad nace en un glaciar. Con este modelo integral de manejo del agua de una cuenca, además, se termina con la separación existente entre la gestión de aguas subterráneas y superficiales, así como con la segmentación de estas últimas en secciones. En definitiva, los múltiples usos del recurso constituyen la base sobre la que se funda la administración integral de las cuencas, y tiene por objetivo compatibilizar la oferta con la demanda en cantidad, calidad, lugar y tiempo, con una visión de largo plazo que involucre a todos los actores. Si lo que buscamos como país es el desarrollo sostenible en el tiempo, pensando en las futuras generaciones de chilenas y chilenos, es necesario reconocer el valor de la confianza mutua y entender las necesidades reales de cada uno de los involucrados en una cuenca; la compatibilización de usos productivos y recreativos; el reconocimiento a las comunidades y el medioambiente; y la cooperación, como clave de la gestión integrada del agua que posee cada cuenca. Guillermo Pickering de la Fuente
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