| En representación del sector, Jessica López, presidenta ejecutiva de Andess, plantea que existen retos como asegurar la disponibilidad de agua, reducir su uso en actividades económicas, fortalecer la institucionalidad, mejorar la planificación de la nueva oferta hídrica y dar certezas a las inversiones.
Fuente: El Mercurio - Crónica Constitucional
Existe relativo consenso en el mundo público y privado respecto de que en la Constitución debe establecerse que el acceso al agua y al saneamiento sea un derecho humano, y que el consumo del recurso sea prioritario para las personas frente a otros usos.
Pero no sería suficiente solo con que quede redactado en la Carta Magna, pues además deben enfrentarse diversos desafíos como asegurar la disponibilidad de agua, fortalecer la institucionalidad, mejorar la planificación de la nueva oferta hídrica, mantener y reforzar las inversiones en infraestructura y reducir el uso de agua en las actividades económicas.
Así lo señala la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), que asegura que los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el ejercicio del derecho humano al agua potable y saneamiento —ver infografía— “se cumplen en las ciudades de Chile atendidas por las empresas sanitarias”. Explica que ello “se ha alcanzado gracias al modelo público-privado virtuoso de gestión, basado en el establecimiento de metas concretas por parte de la autoridad, la regulación y fiscalización por parte del Estado, la gestión especializada de las empresas, el autofinanciamiento del sistema a través de tarifas aprobadas por la autoridad, y la existencia de un subsidio estatal —que puede llegar a cubrir incluso el 100% de la cuenta— focalizado en los hogares más vulnerables”.
La presidenta de Andess, Jéssica López, afirma que la declaración del derecho humano al agua y al saneamiento en la nueva Constitución “es bueno que esté y es importante para el país”.
Esa visión coincide con la del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cartera ligada a la gestión del agua y a la fiscalización a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. “En la nueva Constitución debe estar especificada la prioridad del consumo humano y también el uso del agua para la subsistencia doméstica y el saneamiento. Son tres puntos muy importantes que van a estar en el nuevo Código de Aguas”, afirma el titular de OO.PP., Alfredo Moreno.
Andess señala que en las áreas de concesión se cumplen los estándares de Naciones Unidas, ya que el agua se puede consumir sin restricciones y directamente desde la llave sin riesgo para la salud, es accesible —está en los hogares— y también porque el valor de la cuenta promedio —datos de 2017— alcanza el 1,6% de los ingresos familiares, inferior al 3% establecido por la ONU. Agrega que el precio promedio del agua de la llave en nuestro país es de $1 por litro, incluyendo servicios sanitarios.
En materia de desafíos, el gremio estima que “el Estado debe concentrar sus esfuerzos y recursos en aquellas situaciones en las que el pleno ejercicio de este derecho humano no se encuentra bien resuelto, como sucede en los emplazamientos irregulares (campamentos) y los sectores rurales”. Ello, agrega, debe considerar el apoyo de la infraestructura y conocimiento de la industria sanitaria.
Jéssica López comenta que existen cerca de dos millones de personas que habitan en áreas rurales o no concesionadas que se abastecen, por ejemplo, a través de APR —agua potable rural— y “el foco debe estar ahí”.
Planes
López enfatiza en que se deben tener instituciones y normas que permitan 'hacer realidad' el derecho humano al agua y al saneamiento. En este aspecto, una de las propuestas es avanzar en la gestión integrada de cuencas. Aquí —dice— es clave que todos los actores con interés legítimo en el desarrollo hídrico de una zona se coordinen para el uso adecuado del recurso. En esta labor entran, por ejemplo, las personas, las que velan por los ecosistemas y las industrias productivas como la agricultura, agroindustria, silvicultura, minerías, entre otras.
Necesitamos que nuestro país siga desarrollándose y creciendo de una manera sostenible, entonces debemos pensar en que todas las actividades puedan tener agua disponible”, sostiene López.
Ligado a lo anterior, la timonel de Andess estima necesario fortalecer la institucionalidad local de cada cuenca y no solo que se tomen decisiones a nivel central.
Otro punto relevante, añade, es mejorar la información respecto de la disponibilidad de agua subterránea y superficial que existe hoy en cada región.
En materia de planificación, señala que lo más probable es que en el norte de Chile se necesite desarrollar más desaladoras, pero precisa que esa no es la tecnología que requieren otras zonas del país. Por ejemplo, indica que en la Región Metropolitana la solución para aumentar la oferta es el reúso de aguas recuperadas (servidas).
Asimismo, advierte que en el norte del país cada actor que necesita abastecerse de agua levanta una desaladora, sin existir de parte del Estado “un rol ordenador”, agrega. “¿Vamos a terminar con 100 desaladoras en el norte o avanzaremos hacia plantas más grandes, donde aprovechemos las escalas, bajemos los costos y que puedan servir a todos los actores?”, interroga López.
Para la industria sanitaria también es fundamental tener “la certeza de que podremos hacer las inversiones que nos permitirán asegurar el agua para el consumo de las personas”, afirma la presidenta del gremio.
La gestión público-privada ha permitido concretar inversiones por US$ 8 mil millones entre 2000 y 2020, y añadirá US$ 1.067 millones entre 2021 y 2022 para mantener redes, ampliar instalaciones existentes y enfrentar el cambio climático, indica el gremio.
En Andess destacan que, gracias a las inversiones, las ciudades alcanzaron el 100% de tratamiento de las aguas servidas en solo 12 años, un récord a nivel mundial.
Si bien López admite que las actividades productivas necesitan agua para crecer, enfatiza que deben reducir el uso del recurso o utilizarlo “de forma más inteligente”. Explica que “esto significa reusar, disminuir el consumo en algunas zonas, usar mucha más tecnología y eventualmente una transformación de nuestra matriz productiva”. Admite que una conversión productiva grande toma tiempo y el Estado debe poner los incentivos apropiados.
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