Guillermo Pickering de la Fuente
Presidente ejecutivo de Andess

En las últimas semanas, algunos grandes agricultores, representados por la Sociedad Nacional de Agricultura, han desplegado una campaña para hacer creer que la industria sanitaria podría realizar en el futuro un doble negocio con la venta de aguas tratadas y, con ello, poner en jaque la seguridad de riego agrícola del país.

Estas aseveraciones no las compartimos.

Primero: no existe un doble cobro. Por Ley, las empresas sanitarias pueden desarrollar negocios no regulados asociados al giro de la concesión, cuyas tarifas se acuerdan de manera privada entre las partes interesadas. En el caso de que la empresa sanitaria disponga de las aguas servidas tratadas para su venta, dichos ingresos adicionales son considerados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios al momento de establecer la tarifa para los usuarios, lo que se traduce en una baja en sus cuentas mensuales de manera permanente a esas familias.

Impedir dar un uso diferente a las aguas servidas tratadas y solo devolverlas a los cauces significaría perder estas eficiencias que benefician directamente al presupuesto de los hogares y provocarían un subsidio económico cruzado desde los clientes del servicio de agua potable hacia los agricultores beneficiados. Es como si un empresario transportista pretendiera que se le regale el combustible para trasladar mercaderías.

Segundo: es imposible que las sanitarias pongan en jaque la seguridad de riego agrícola. Sólo el 5% del agua captada en el país es usada para su potabilización y distribución a la población urbana. La industria agrícola, en cambio, utiliza el 80% del agua para sus procesos productivos. En lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en la necesidad del país de avanzar más rápido en mejorar la eficiencia y la tecnificación del riego.

Tercero: La captación de las aguas por parte de nuestra industria se sustenta en derechos de aprovechamiento consuntivo; es decir, para disponerlas en su totalidad al uso de la población y que posteriormente parte de esas aguas son devueltas a las redes de alcantarillado. La normativa también establece que una vez que esas aguas servidas ingresan a estas redes vuelven a ser de propiedad de las empresas sanitarias.

Nuestro país es destacado por la confiabilidad de sus instituciones y la seguridad jurídica otorgada a todo inversionista.

El agua captada por las sanitarias es un recurso estratégico que posee la industria para asegurar el consumo humano y en una eventual crisis hídrica, las aguas tratadas pueden ser repotabilizadas e infiltradas en napas.

Hemos demostrado ser un sector comprometido con el desarrollo del país. Por eso, y sin perjuicio de lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso con la agricultura de subsistencia para asegurar el riego de las familias campesinas de menos recursos.

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