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Las recientes lluvias en la zona centro sur son bienvenidas luego de tres años de sequía, pues el agua caída ha contribuido a disminuir el déficit de los embalses, ha recargado en parte los acuíferos y ha generado acumulación de nieve en la cordillera. Sin embargo, ha puesto en evidencia, una vez más la otra cara del tema, esto es, que no existen sistemas avanzados de drenaje urbano que impidan episodios de inundaciones de los que hemos sido testigos estos días: anegamientos de los sectores bajos y desbordes de sistemas de alcantarillado producto del ingreso de las aguas lluvia, daños a la propiedad, en especial a las viviendas, deterioro de las vías de circulación y los consiguientes aumentos en los tiempos de traslado. Todo ello afecta la calidad de vida de la población y pone en riesgo la salud. Entonces, la pregunta obvia es cómo un país que aspira a ser desarrollado puede minimizar el alto impacto que estos episodios tienen en la vida de las personas. Reconocemos que el Estado ha hecho un gran esfuerzo en dotar a las ciudades de algunos colectores primarios de aguas lluvias. Ello, especialmente combinando obras anexas a la concesión de caminos públicos, colectores municipales y otras inversiones estatales efectuadas por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas o del Servicio de la Vivienda y Urbanismo. A estos organismos la ley actual les entrega la responsabilidad del diseño, la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de los sistemas de recolección de aguas lluvias y de drenaje en sus fases primaria y secundaria. Pero por distintos motivos, el Estado no ha podido priorizar el drenaje urbano mediante un plan integral, realizable y adecuadamente financiado, que responda al crecimiento y expansión que están viviendo las ciudades, dando respuesta adecuada a la presión por habitación y servicios básicos. Ello a partir de entender que cada ciudad tiene su propia realidad, sus cauces naturales y artificiales o su geomorfología. Teniendo todos estos factores en consideración, la mejor solución no pasa sólo por invertir en la construcción de más infraestructura o grandes colectores. La respuesta más adecuada y económica al problema de las aguas lluvias en las ciudades la podemos hallar en la experiencia internacional. Así, lo que se requiere es la aplicación de una gestión avanzada de drenaje urbano, sistema que en otros países es operado por las empresas sanitarias, pues poseen, al igual que en Chile, capacidad técnica y conocimiento para proveer este servicio público. Lamentablemente, nuestra legislación es aún insuficiente para resolver este tema, dejándolo en una especie de limbo jurídico solo susceptible de ser abordado a través de esfuerzos estatales específicos, sean del gobierno central, regional o de los municipios. La fórmula para evitar anegamientos pasa por abordar estas contingencias como un todo, mediante la administración integrada del drenaje urbano, la red de alcantarillado, dotar de sistemas de operación de alerta temprana, disposición de lugares previamente fijados para la inundación que permitan "laminar" las aguas lluvias, y luego devolverlas programadamente al cauce, entre otros. Hoy por hoy, las urbes del mundo desarrollado están incorporando el concepto de Smartcities, que es la gestión inteligente y tecnológica de los servicios en las ciudades para hacerlos más eficientes y flexibles. En Chile, las empresas sanitarias han hecho suyo este desafío, que implica cambios en todos sus procesos para gestionar de manera inteligente el ciclo completo del agua y en especial sus kilómetros redes. Por lo mismo, y porque este tema es recurrente, debiera abrirse un amplio debate sobre la mejor fórmula para solucionarlo en forma satisfactoria, eficiente y permanente. Guillermo Pickering de la Fuente
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