Saltear al contenido principal

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), que agrupa a las principales empresas sanitarias privadas de Chile y que en conjunto abastecen a casi 16 millones de personas, planteó sus reparos y alertas a una reciente decisión de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional que apunta a que la provisión de los servicios sanitarios se realicen exclusivamente por parte de organizaciones comunitarias o por el Estado a través de entidades públicas estatales.

Al respecto, Andess A.G. planteó lo siguiente:

1. La iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones, definición que compartimos, ya que lo esencial es avanzar para que todas las personas en Chile dispongan de estos servicios de forma digna, donde quiera que ellos residan.

2. Respecto a los servicios sanitarios en las ciudades donde operan las empresas sanitarias, la realidad es clara, contundente y evidente: la población cuenta con altos estándares de servicio al nivel de muchos países desarrollados, tanto en agua potable, alcantarillado y descontaminación de aguas servidas. Hoy, los hogares de Chile urbano cuentan hoy con agua potable suficiente, accesible, saludable, aceptable y asequible, tal como lo establece la ONU para el cumplimiento de este derecho humano.

3. Pese a que la megasequía se arrastra ya por 13 años, ella ha resultado invisible en las zonas urbanas, donde se dispone de agua en todo momento. Esto es resultado del trabajo coordinado entre el Estado que norma y fiscaliza minuciosamente los servicios, y operadores privados que aportan su experticia, capacidad de gestión y la ejecución de grandes inversiones en infraestructura para asegurar el abastecimiento y la descontaminación de las aguas servidas.

4. Vistas las evidencias, nos parece que las propuestas de estatización de las empresas no abordan el problema principal actual ni el tremendo desafío futuro que nos impone el Cambio Climático para seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas y terminar con las restricciones al suministro en localidades rurales fuera de la acción de las empresas, donde no se cuenta con seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable.

5. Una eventual estatización de las empresas implicaría una carga fiscal no evaluada para el próximo gobierno, ya muy exigido con múltiples demandas sociales. Ello incluye la necesidad de realizar inversiones para los próximos 20 años de alrededor de 10 mil millones de dólares, destinados a mantener los estándares de servicio actuales en un escenario de cambio climático.

6. La posición del sector sanitario no es una defensa a ultranza del ordenamiento vigente hoy en Chile. Después de 20 años de operación se requiere actualizar, mejorar y fortalecer el marco regulatorio e incorporar la realidad que vivimos con el Cambio Climático y la sequía, las demandas de participación de la ciudadanía y una mayor transparencia en todos los procesos.

7. Debemos tener a la vista los avances que hemos logrado en el país en materia de servicios sanitarios y, a partir de allí, definir lo necesario para eliminar las brechas que aún persisten en materia de acceso al agua potable y saneamiento en las zonas rurales y campamentos en Chile.

Andess A.G. hace un llamado a reencauzar el debate, que no debe estar centrado en quién presta el servicio, sino en cómo podemos llegar al objetivo que buscamos como país: que todos tengamos acceso al agua. Esa  brecha que debemos combatir para que tanto las zonas rurales como los campamentos en Chile no sigan quedando atrás.

Volver arriba