Cuenta pública Andess 2022

Durante el año 2021, las empresas sanitarias tuvieron que enfrentar, al igual que el resto del país, la triple crisis que nos asola: la crisis sanitaria, a causa de la pandemia; la crisis económica, derivada del controvertido momento por el que atravesamos; y la crisis hídrica, provocada por el cambio climático. La efectividad con que fueron capaces de superar dichos desafíos es evidencia de las virtudes del sistema público privado que hoy rige en la prestación de servicios sanitarios para más de 15,6 millones de habitantes de las ciudades del país.

Respecto a la crisis sanitaria, en 2021 las empresas sanitarias siguieron trabajando conforme a sus convicciones: que a nadie le falte agua, independiente de su situación económica particular; y que la seguridad de nuestros trabajadores era primordial, ya que son la base de nuestro servicio. 

En cuanto la crisis económica, el impacto para la cadena de pagos de nuestra industria fue importante, a causa de la gran cantidad de personas que se vieron imposibilitados de cumplir con el pago de su cuenta. Pese a ello, como industria, hemos fijado nuestra posición: que a nadie le falte el agua potable en esta pandemia, independiente de su capacidad de pago. Ante la Ley 21.423 que estableció una solución tripartita, hemos aportado no solo con información, sino con nuestra voluntad para apoyar a las familias que cumpliesen con los requisitos para acceder al subsidio que contempla la ley. 

Respecto a la crisis hídrica,  es particularmente evidente su impacto en la zona central del país, que ya acumula más de 13 años de sequía, cambio en el régimen de precipitaciones, caídas de hasta más de 80% en la pluviometría, y kilómetros de retroceso en sus glaciares. Estamos atravesando un radical cambio en las condiciones de disponibilidad de agua en el país, y es crucial que tomemos hoy las decisiones que nos permitan adaptarnos a tiempo al cambio climático. 

En la industria sanitaria, hemos realizado inversiones en infraestructura y cambios en la eficiencia de nuestros procesos de forma acelerada, lo que ha permitido que el la continuidad y calidad del servicio que entregamos a la comunidad no se haya visto impactado por más de 13 años. Sin embargo, quizá también, ha tenido el efecto no deseado de mantener este enorme desafío invisible para la comunidad y para otros sectores productivos, sin que se hayan visto en la necesidad de asumir el rol que les corresponde en el uso responsable de un recurso cada vez más escaso. 

Estamos todavía a tiempo de tomar la decisión de actuar para evitar que la escasez hídrica impacte la vida diaria en nuestros hogares, la conservación de nuestro medioambiente, la producción de alimentos, la generación de energía y la realización de distintos procesos industriales. Debemos hacer un uso responsable hoy, mientras todavía tenemos la opción de hacerlo. A futuro, podría no quedarnos más alternativa que actuar de acuerdo a las restricciones que el cambio climático nos imponga.

En cuanto a lo que viene, con la incorporación de Chile al acuerdo de Escazú, se abre una nueva etapa para el desarrollo de proyectos en el país en materia de acceso a la información y participación pública de las comunidades. En línea con el signo de los tiempos, como industria sanitaria asumimos con compromiso el seguir profundizando nuestra relación con quienes conviven en nuestro entorno y abrir nuevos canales de diálogo que contribuyan a evitar conflictos y mejorar las alianzas con la sociedad civil para enfrentar los desafíos de futuro. 

En las empresas sanitarias, estamos convencidos del rol que juega nuestra labor en la adaptación y mitigación de los asentamientos humanos al cambio climático, y es sobre esa base, que seguiremos informando sobre los beneficios que genera nuestra labor y las medidas de mitigación que podemos impulsar para generar valor compartido para la comunidad que nos acoge. 

Julio Reyes Lazo
Presidente Ejecutivo (interino)

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.) es la asociación gremial que congrega a las 22 principales empresas sanitarias privadas del país. Su misión es representar a la industria sanitaria como factor de desarrollo económico y de protección del medioambiente.

Los asociados de Andess se dedican a proveer los servicios sanitarios de producción y distribución de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas en las localidades urbanas de Chile. Anualmente, sirven a territorios en los que habitan más de 15,6 millones de personas, en donde ofrece una cobertura del 100% en agua potable, 97% en alcantarillado y 100% en tratamiento de aguas servidas.

El sistema sanitario chileno cuenta con tres actores cruciales: las empresas privadas, a cargo de la operación y el diseño y financiamiento de las obras para proveer agua potable y saneamiento a las ciudades; las autoridades, a cargo de la definición de las tarifas, estándares de servicio y de la supervisión de su cumplimiento por parte de las empresas reguladas; y la comunidad, que con el pago regular de su cuenta mensual permite que el sistema se autofinancie. 

Se trata de un sistema profundamente regulado. A las empresas sanitarias les corresponde cumplir con normas de inocuidad sanitaria y prevención de riesgos, cumplir con los estándares de servicio y las tarifas que les fija el Estado y se monitorea periódicamente que su actividad no genere impacto sobre las aguas superficiales, marinas y subterráneas, así como la correcta disposición de los lodos que genera. 

Dentro de sus principales logros se destacan:

  • Con una inversión acumulada superior a los 8.400 millones de dólares en 21 años, se ha alcanzado un servicio continuo y de calidad en todas las ciudades de Chile que permite declarar que en las zonas urbanas abastecidas por las empresas sanitarias se cumple con el acceso al Derecho Humanos al Agua y al Saneamiento. Esto quiere decir, que los 15,6 millones de personas que habitan en las ciudades abastecidas por las empresas sanitarias cuentan con agua y saneamiento de forma suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible, de acuerdo con los parámetros objetivos que la Organización de las Naciones Unidas establece para cada uno de ellos. 
  • Con una inversión medioambiental superior a los US$2.500 millones, en sólo 12 años se descontaminaron muchos cuerpos de agua superficiales, bordes costeros y playas a lo largo del país, alcanzando en 2012 la meta de contar con un 100% de cobertura en materia de tratamiento de aguas servidas en el sector urbano, ubicando a la población urbana chilena a la vanguardia de un servicio que está al alcance solo del 27% de la población mundial.
  • Las empresas sanitarias han acompañado el crecimiento de Chile. Gracias a inversiones por más de US$8.400 millones en los últimos 21 años, han aumentado en 81% la cantidad de clientes que cuentan con servicio sanitario en las ciudades del país, equivalente a 2,6 millones de clientes adicionales. Lo anterior, de la mano de un incremento de 44% en la extensión de las redes de agua potable (casi 13 mil kilómetros más) y de 41% en las redes de alcantarillado (10 mil kilómetros extra) durante el mismo período.

Durante 2021, la pandemia siguió impactando la operación de los servicios sanitarios, con un estado de excepción que prolongó las restricciones a la movilidad hasta septiembre. El compromiso de las empresas sanitarias fue claro: que a nadie le faltara el agua en pandemia, aún si no podían pagar. Para ello, la gestión se enfocó en dos ámbitos. En primer lugar, el cuidado del personal que resultaba crítico para la prestación de su servicio, para lo cual inicialmente se dividieron los equipos en cuadrillas alternadas, de manera de que en caso de contagio, pudieran ser apartadas de sus funciones y rápidamente sustituidas. Asimismo, en los momentos más álgidos de la pandemia, se establecieron programas de confinamiento voluntario, destinado a permitir que los equipos suspendieran su interacción con el exterior para reducir las posibilidades de contagio. Una vez que se inició el programa de vacunación, el personal crítico se sumó rápidamente, de manera de seguir reduciendo las probabilidades de contagio.

En cuanto a los clientes, en 2021 se produjo una disminución de 18% en la cantidad de atenciones a requerimientos de los clientes con respecto al año 2020, llegando a totalizar 6.886.061. En cuanto a la evolución de las atenciones por canal, el año pasado se mantuvo la tendencia a preferir canales remotos, con un 52% resueltas de forma telefónica, una consolidación del canal web que congrega el 37% de las atenciones, y sólo un 11% de forma presencial. A la hora de pagar la cuenta, el canal digital se consolida como la alternativa preferida, un 64% del total. 

En materia de excelencia operacional, en 2021, la industria registró un promedio de 87 reclamos por cada mil clientes, lo que significa un nuevo avance en su trayectoria de reducción de reclamos, que ya ha caído un 30,4% respecto a los 125 reclamos por cada mil clientes que registraba en 2014.

Pese a la dificultad que las cuarentenas provocan para las funciones críticas de la operación de un servicio como el sanitario, que requiere de continuidad y supervisión las 24 horas del día, la industria fue capaz de seguir mejorando sus indicadores de continuidad de servicio. Entre 2017 y 2021, se ha producido una caída de 22% en la cantidad de cortes no programados registrados, mientras que en el mismo período cae 18% la cantidad de clientes afectados y en 12% el tiempo promedio de duración. 

En términos operacionales, la pandemia no interrumpió el avance que llevaba registrando la industria en diversas variables:

  • Se efectuaron más de 958.000 controles de calidad al agua potable, con cumplimientos cercanos al 100%. Esto significa cerca de 112 controles cada hora. Un 88% de los controles se efectuó en las redes de agua potable y un 12% en las fuentes de agua.
  • Se realizó mantención a más de 3.100 kilómetros de redes de alcantarillado, cerca del 10% del total de la red promedio a nivel de industria.
  • Se descontaminaron más de 1.150 millones de m3 de aguas servidas (37 m3/s), quedando disponibles para su disposición al medio ambiente y/o su reutilización de acuerdo a las normas de emisión vigente
  • Se efectuaron cerca de 230.000 controles de calidad a las aguas servidas descontaminadas a la salida de los 301 sistemas de tratamiento, con cumplimientos cercanos al 100%. Esto significa 26 controles cada hora.

El cambio climático constituye en la actualidad la principal amenaza para la continuidad de los servicios sanitarios a la población. De acuerdo con el Boletín Hidrológico y Pluviométrico de la Dirección General de Aguas, el año 2021 cerró un duodécimo año con un profundo déficit de lluvias respecto a su promedio histórico, con un 84% menos precipitaciones entre la región de Coquimbo y Vilcuya, 54% de caída entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins, 36% entre la región del Maule a La Araucanía y 31% entre las regiones de Los Ríos a Magallanes. 2021 se transforma así en el año más seco en su historia para Concepción, y el tercero más seco para Santiago y Valparaíso. Lo anterior, mientras un total de 184 comunas cerraron el año bajo decretos de escasez hídrica, equivalentes al 53% de las comunas del país. Un total de 8.350.000 personas viven en zonas afectas por la escasez hídrica, lo que equivale al 47,5% de la población nacional.

Este escenario representa un desafío para las distintas actividades que dependen del uso del agua. De acuerdo con la Mesa Nacional del Agua, a nivel nacional, el sector que concentra mayor uso de agua es la agricultura (73%), seguida por el agua potable para las ciudades (11%), la industria (7%), la minería (4%), la generación eléctrica (4%) y el agua potable rural (1%).

La producción anual de agua potable en las 276 plantas que abastecen a las ciudades llega a los 1.643.783.950 metros cúbicos, equivalente a 52.000 litros por segundo. Un 55% provino en 2021 de fuentes subterráneas, mientras que el 44% de fuentes superficiales y solo un 1% de la desalación de agua de mar.

Ante la gravedad de la escasez hídrica, el consumo de los hogares ha ido respondiendo, pero con una intensidad más acotada en relación con el avance del cambio climático. Entre 1998 y 2021, el consumo promedio por medidor cayó un 28%, totalizando 17,2 m3 mensuales el año pasado, mientras que a nivel exclusivamente residencial esa cifra llegó a 14,5 m3 mensuales. Esta cantidad equivale a 144 litros por habitante al día, lo que se compara con el consumo mínimo de subsistencia de 100 litros por habitante al día que estima la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para enfrentar este desafío, durante 2021 las empresas sanitarias destinaron US$457 millones a inversiones, en donde un 57% corresponde a nueva infraestructura. Entre esas inversiones se encuentran la habilitación de nuevas fuentes de agua (reúso aguas recuperadas y sus subproductos, sondajes, desaladoras), así como obras de eficiencia hídrica (tecnología en reposición de redes, para mayor seguridad hídrica), e infraestructura resiliente para enfrentar de mejor manera eventos climáticos extremos (estanques de acumulación de agua, interconexión de sistemas, más fuentes de respaldo, entre otras medidas). Así, la industria acumula una inversión de US$8.425 millones desde el año 2000, cuando se incorporó la participación privada, hasta 2021. La proyección es que entre 2022 y 2024, la industria invertirá US$1.195 millones, con foco en obras para asegurar el suministro de agua potable (48%), alcantarillado (27%) y tratamiento de aguas servidas (19%).

Un punto focal del trabajo de la industria ha sido elevar la eficiencia de la red de distribución, a objeto de reducir al máximo posible el agua que se inyecta a las redes desde las plantas pero que no se registra su ingreso por los medidores de los hogares. Para ello, se han utilizado las más avanzadas tecnologías para detectar las llamadas “fugas invisibles”, aquellas que se producen bajo tierra y que son muy difícil de pesquisar, ya que el agua es reabsorbida sin aflorar a la superficie. Instalación de sensores a lo largo de la red, centro de monitoreo 24/7, y detección satelital son solo algunas de las tecnologías que la industria ha impulsado, así como acciones directas con la comunidad para abordar un desafío muy importante en momentos de estrechez económica: las conexiones irregulares a la red para eludir el cobro. En ese escenario, las empresas agrupadas en Andess cerraron el 2021 con un 31,8% de Agua No Facturada, concepto que integra el agua que se destina a usos legítimos pero no medidos (ej: grifos, limpieza de redes), conexiones irregulares y pérdidas físicas, y se encuentra trabajando en conjunto con la autoridad para establecer una metodología común de medición e identificar oportunidades de mejora en especial en los diferentes procesos de producción y mantención de redes.

Como parte del trabajo con los públicos de interés, en el contexto del trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades, se desarrolló la primera Escuela Municipal del Agua, con foco en la educación hídrica y cambio climático en la que participaron más de 100 funcionarios municipales de todo el país, funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a nivel nacional y regional, consejeros regionales, representantes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), organismos no gubernamentales y universidades.

También destacaron los distintos esfuerzos desplegados por las empresas sanitarias a lo largo del país para generar conciencia de un uso responsable, mediante campañas de difusión pública a través de medios de comunicación, comunicación directa a clientes y redes sociales.

Durante 2021, las dificultades económicas que enfrentaba el país siguieron impactando a la industria, tanto por el aumento de costos de contingencia para enfrentar las restricciones de la pandemia como por la caída en los ingresos y el aumento del endeudamiento. 

En los momentos más complejos de la crisis, hasta 900 mil familias mensualmente dejaron de pagar sus cuentas de agua potable y hacia diciembre del año 2021, más de 600 mil familias acumulaban deudas, un 10% del universo de los clientes de la industria con una deuda acumulada del orden de $150 mil millones. 

Así fue como se llegó a una solución al alto endeudamiento adquirido por las familias mediante la ley 21.423, que estableció un subsidio por parte del Estado para todas aquellas que hubiesen adquirido deudas entre marzo de 2020 y marzo de 2022, y tuvieran un consumo de agua potable promedio inferior a los 15 metros cúbicos mensuales. Las empresas sanitarias decidieron ser parte de esa solución y contribuir mediante la extinción de deuda a todos quienes cumplieran con los requisitos fijados por la ley, lo que implica un aporte que podría llegar hasta los $28 mil millones.

Como otro apoyo a la difícil situación económica que generó la pandemia en las familias, en 2021 Andess comenzó a desarrollar una serie de talleres regionales en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, el Ministerio de Desarrollo Social, empresas sanitarias y municipios de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Atacama. A finales del 2021, se otorgó el beneficio estatal del Subsidio al Agua Potable a 723 mil familias, lo que representa el 12,4% de los clientes de la industria, siendo necesario seguir avanzando en estas materias. Por ello en 2022 hemos seguido recorriendo los territorios para conocer las necesidades de ayuda y canalizar dicha información a las autoridades.

Cambio climático

Ante el enorme desafío del cambio climático, las empresas sanitarias tienen una propuesta clara a los habitantes del país: cumplir con su rol e invertir más de US$10 mil millones en las obras que serán necesarias para que las ciudades puedan adaptarse y hacer frente a la escasez hídrica. Sus esfuerzos van dirigidos a dos focos principales: dotar de más eficiencia y redundancia a la red de producción y distribución de agua potable; y dotar de nuevas fuentes de abastecimiento, como la desalación y el reúso. 

Sin embargo, el tamaño de este desafío requiere de la participación de todos, incluyendo a las autoridades, sectores como la agricultura, la minería y la industria, así como la ciudadanía. La propuesta de la industria es contar con una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, discutida y validada transversalmente, y que puede ser coordinada e impulsada por una nueva institucionalidad nacional, que supervise la gestión integrada a nivel de cada cuenca, en la que participen los distintos actores y se identifiquen mecanismos e incentivos para que cada usuario haga un uso cada vez más eficiente del agua. 

Acceso Universal al Agua Potable 

En Chile, si bien en las ciudades donde operan las empresas sanitarias se cumple con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, existen áreas donde persisten brechas para entregar un acceso universal al agua potable: las zonas rurales y los campamentos. 

 Si bien los sectores rurales no están dentro del ámbito de competencia de las empresas sanitarias, hay convencimiento en la industria de que pueden  aportar a la solución. Hoy, ya lo hacen en distintos puntos del país mediante interconexiones entre la red sanitaria de las ciudades y la red sanitaria de distintas localidades rurales, lo que permite otorgar mayor seguridad y respaldo al suministro de agua potable hacia la ruralidad, especialmente en zonas afectadas por extrema sequía, donde muchos servicios sanitarios rurales se han quedado sin fuentes. Al cierre de 2021, 70 localidades rurales periurbanas se habían interconectado con la red sanitaria urbana, adquiriendo así la misma seguridad hídrica con que cuentan las ciudades, y la estimación es que es posible replicar esta iniciativa hasta alcanzar las 200 comunidades beneficiadas. 

En Andess, estamos convencidos que estamos en condiciones de que estas experiencias positivas de colaboración se multipliquen en más puntos del país, por eso estamos recorriendo Chile para conocer el sentir de las comunidades y mostrarles esta opción, que permite a los servicios sanitarios rurales mantener su autonomía y mejorar su seguridad hídrica. 

Nuestra propuesta es ofrecer nuestras capacidades para actuar como unidad técnica al servicio de una solución, ya que es lo que las familias que viven en estos sectores esperan de nosotros. Tenemos la positiva experiencia de la colaboración público-privada para resolver los desafíos sanitarios de las ciudades, y estamos confiados en que este mismo enfoque es la forma de abordar los desafíos de la ruralidad. 

En cuanto a la brecha de acceso que persiste para quienes viven en campamentos, las empresas sanitarias queremos seguir colaborando con el Estado para avanzar de forma más oportuna, eficaz y sostenible en resolver esta materia. Queremos aportar para que el Estado pueda entregar soluciones habitacionales que estén plenamente regularizadas y habilitadas en cuanto al servicio de agua potable. Esto es fundamental en la consecución de la Agenda 2030, en lo que se refiere al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos. 

Dado nuestro conocimiento de la red sanitaria de cada ciudad, podemos aportar como unidad técnica a los distintos servicios públicos que participan de este proceso, mediante el diseño de soluciones optimizadas técnica y económicamente, lo que contribuye a reducir de manera significativa los plazos y a facilitar el proceso de otorgamiento de fondos regionales o sectoriales. Así, avanzaríamos de forma ágil para dar una solución que garantice el acceso al agua potable a miles de familias, que hoy son “pobres de agua”. 

Para ello, creemos que la forma más efectiva de trabajar es a través de un organismo del Estado que actúe como “ventanilla única” de los requerimientos de los proyectos, a lo largo de todas las etapas del proceso: catastro de las familias y del status legal de los terrenos; diagnóstico, definición y selección de alternativa y de la estrategia a seguir; plan de intervención, desde el diseño a la ejecución y cierre, y entrega de soluciones.

Asumimos asimismo el compromiso voluntario de aportar en el diseño e implementación de la solución definitiva, conforme a las características de cada proyecto, y para aquellos que las autoridades prioricen. Debemos tener presente que, caso a caso, la autoridad decide si la solución definitiva es la relocalización hacia una solución habitacional en otro punto de la ciudad o la radicación y urbanización en la misma ubicación actual. 

Al mismo tiempo, consideramos que mientras se resuelve la situación de estas familias, es necesario gestionar un acceso transitorio al agua potable en condiciones seguras (sobre todo resguardando parámetros de salubridad) y que mitigue el riesgo de intervenciones irregulares en las redes públicas, para evitar emergencias por inundaciones o daños mayores en los sistemas de distribución de agua potable.

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