Por Jessica López Saffie, presidenta ejecutiva Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
Quienes vivimos en las ciudades de Chile disponemos de agua potable de calidad y en forma permanente para las necesidades cotidianas. Incluso viviendo en situación de sequía y desertificación, no pensamos en ello, ya que desde hace décadas el suministro de agua en los hogares ha sido regular y sin interrupciones.
Sin embargo, cada 17 de junio la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día de la Lucha contra la Desertificación y Sequía, y hace un llamado a la acción para abordar de manera conjunta el problema. Los datos que la ONU aporta este año son perturbadores. La degradación de los suelos afecta negativamente el bienestar de al menos 3.200 millones de personas, contribuye a que haya casi 1 millón de especies en riesgo de extinción y ha sido también una oportunidad perdida para retención de carbono. Si los seres humanos seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a las tasas actuales, la meta de limitar el alza en la temperatura global a 1,5 grados Celsius no será posible de cumplir.
Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático, que nos llegó con aumentos de temperatura, menor disponibilidad de agua y cambios en patrones hidrometeorológicos. Ello ha ocasionado mayor frecuencia de eventos como lluvias intensas, aluviones y marejadas, que afectan la provisión de servicios y la vida en las ciudades. Datos de la Corporación Nacional Forestal muestran que, ya en 2016, la desertificación afectaba a un 21,7% del territorio chileno, con 160 comunas, unos 16,6 millones de hectáreas, y una población de casi 7 millones de habitantes.
Como país, debemos abordar este reto con una mirada integral y con participación de todos los actores legítimamente interesados. Desde la industria sanitaria el trabajo se ha enfocado en la coordinación con actores relevantes de las cuencas, como por ejemplo las juntas de vigilancia de las cuencas más relevantes, en busca de una gestión que asegure la sustentabilidad de la cuenca. Las sanitarias también realizan campañas de consumo responsable y han adoptado medidas para avanzar a una gestión más eficiente de sus procesos, además de invertir muchos recursos para enfrentar la escasez hídrica y la resiliencia de las instalaciones.
Las inversiones de la industria en 2020 sumaron US$ 511 millones, el 62% de ellas destinadas a la producción y distribución de agua potable, incluidas nuevas fuentes de agua y construcción de obras de seguridad en todas las regiones del país, ejemplificado en los estanques de Pirque en la Región Metropolitana y la interconexión Concón-Los Aromos en la Región de Valparaíso.
Por otra parte, la industria sanitaria avanza sistemáticamente hacia la economía circular, lo que ha permitido la recuperación de suelos degradados mediante el uso de biosólidos, uno de los subproductos del tratamiento de las aguas servidas. Cada año, la industria trata más de 1.100 millones de metros cúbicos de aguas servidas y, además de recuperar el agua para nuevos usos (el reúso de estas aguas tratadas contribuye a enfrentar la escasez hídrica), genera cerca de 641 mil toneladas de biosólidos. En el pasado, los biosólidos se depositaban en rellenos sanitarios, pero hoy, el 74% de los ellos se utiliza en remediación de suelos, sobre todo forestales.
El desafío, ciertamente, es global. La necesidad es de un trabajo colaborativo por parte de todos los actores del agua, las autoridades y la sociedad civil, fomentando el dialogo y los acuerdos para enfrentar en conjunto la extrema sequía, y conseguir los resultados que todos esperamos.
*Esta columna de opinión se publicó originalmente en La Tercera.