País: Chile
Fecha: 24-03-2016

Guillermo Pickering, presidente de Andess: “El mercado del agua debe ser más transparente”

El representante de las sanitarias dice que debe mejorar la información pública del sector hídrico, refiriéndose específicamente a la inscripción de los derechos de agua y el conocimiento público sobre quiénes los tienen. Sobre este y otros temas conversa con Revista AGUA.

Hace 14 años que Guillermo Pickering es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess); gran parte de la existencia de esta organización gremial, que se creó hace 18 años, tiempo durante el cual la industria sanitaria ha tenido grandes cambios.

A juicio de Pickering, el sector ha tenido sobre todo avances en infraestructura, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

¿De qué forma se han desarrollado los servicios sanitarios las últimas dos décadas?
En 1994 plantearse la meta de tener tratamiento de aguas servidas en un 100% en las zonas urbanas, era como hablar de tener una línea de fibra óptica entre China y Chile. Era una meta casi inalcanzable. Esto costaba US$2.000 millones de la época. El Estado no los tenía.

El país no tenía una infraestructura como la de hoy, entonces para abordar los desafíos en esta materia se pensó en acuerdos público-privados y en un método de concesiones de infraestructura, de carreteras, en aeropuertos y puertos. El Estado concentraba sus recursos en la inversión estrictamente social en infraestructura, y la inversión productiva la hacía el sector privado. Por eso entraron los privados en carreteras, puertos y en sanitarias.

¿Por qué en sanitarias?
Porque Chile tiene una economía abierta, exportadora y existía un riesgo de acusación de dumping ambiental en nuestras exportaciones frutícolas. Además, el país tiene un potencial turístico importante y la gente no se podía bañar en las aguas de Chile, porque estaban con aguas servidas. El año 1991 ó 1992 había cólera y la hepatitis era una enfermedad muy común. Estas enfermedades ocupaban parte importante de los recursos públicos, en materia de salud.

Entonces se hace una modificación de la legislación que robustece la capacidad de fiscalización del regulador y se incorpora al privado por dos vías: o la privatización de activos o vía concesión, que se llama Transferencia Temporal del Derecho de Explotación, con contratos a 30 años.

Eso generó un cambio en un periodo muy breve, de menos de 10 años, en que pasamos de tener 1.000.000 de chilenos con tratamiento de aguas servidas en zonas urbanas a tener hoy a 16.000.000 de chilenos con tratamiento de aguas y con 100% de cobertura en tratamiento de aguas servidas. Pasamos de 95% de cobertura de agua potable a 100% y estamos en niveles de 96 A 97% en alcantarillado.

¿Cómo influyó la creación de la Ley General de Servicios Sanitarios?
Yo creo que la ley sanitaria dio un salto significativo en 1997, cuando se modificó la ley original de la década de 1980. Esto modifica en DL 382, el decreto ley de tarifas y cambia la ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La modificación de la superintendencia es significativa, porque robustece las sanciones, las facultades, entre otros. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene oficinas en todo el país, oficinas regionales, que muchos otros organismos fiscalizadores no tienen. Era imposible abordar un proceso de incorporación de privados a la gestión y el capital sin un fortalecimiento propio del regulador y sin un fortalecimiento propio de las sanciones, que fue lo que se hizo en 1997.

Junto con ello se modificaron las normas que impedían que los privados pudieran tener el control de las compañías y modificar las normas sobre tarifas, de manera que fuera súper claro, objetivo y transparente el proceso de fijación de tarifas, así como lo más técnico posible.

¿Estima que debería haber un cambio o actualización de las regulaciones?
Creo que siempre es susceptible perfeccionar las normas, pero creo que el gran cambio legislativo, debe venir por la legislación del agua, más que por las sanitarias.

Hoy que estamos en una situación de cambio climático y tenemos una normativa hecha para tratar excepciones, me refiero a que no podemos seguir tratando el cambio climático como una situación de sequía. Efectivamente puede haberla, pero este fenómeno no es transitorio, sino que llegó para quedarse. Es evidente que aquí todas las informaciones, todos los datos, todo el mundo te está diciendo que hay un cambio climático. Eso está teniendo efectos brutales, solo en la disponibilidad del recurso.

Acá tenemos que cambiar la institucionalidad del sector agua. No puede ser que tengamos 30 a 40 facultades dispersas entre distintos organismos públicos.

En ese contexto, ¿Qué opina de la reforma al Código de Aguas?
Requiere ajustes, pero lo principal nos parece que es una modificación que va en la línea de actualizar la legislación de agua. Nuestra crítica tiene que ver con lo que no contiene el manejo integrado de cuencas hidrográficas, que es básico para gestionar el recurso de una manera eficiente en un contexto de cambio climático y no contienen una solución institucional para fortalecer el rol del Estado en materia del agua.

¿Cuáles son las deudas pendientes en gestión hídrica?
Se pueden decir muchas cosas, pero yo quiero ser bien concreto, porque es también un vacío de la modificación legal. No se puede hacer gestión integrada de recursos hídricos ni en Chile ni en Tombuctú sin información de titularidad de derechos y de caudales. Cuando se otorgan derechos de agua o se transfieren esos derechos constituidos, se hace en los registros de agua en los conservadores de bienes raíces, que son más de 60 ó 70 en el país. No existe una base de datos única a parte de los conservadores, donde la Dirección General de Agua (DGA) tome conocimiento permanente de las modificaciones jurídicas, legales, de transferencia de derechos. Existe la obligación, pero no existe la sanción.

Además, que eso sí lo aborda la reforma, cuando se constituyen los títulos, hay muchos que no están inscritos, ni siquiera en los conservadores, y no lo están porque desde el momento en que se inscriben se empiezan a pagar las patentes por el no uso. No todos los títulos están inscritos en los conservadores y no todos los que lo están, están también inscritos en la DGA. Entonces, ¿cómo se puede hacer gestión si no sabemos quiénes son los titulares de los derechos? Y tampoco tenemos información efectiva sobre los caudales. Yo creo que la gran deuda que tiene el Estado es de establecer la obligatoriedad con sanción por no inscripción de los títulos, lo está haciendo parcialmente, no inscribirlos en el registro de agua, pero también debiera haber una causal de caducidad por no inscribir el título en una base de datos de la DGA.

Yo no estoy diciendo nada que tenga que ver con estatismo, estoy hablando de que el mercado del agua, como cualquier mercado, para que funcione, tiene que ser transparente, porque si no hay desviaciones al mercado, y para que sea transparente este mercado tienen que haber información y para eso los titulares de los derechos de agua tienen que ser conocidos.

Le agregaría a la reforma del Código de agua una tercera caducidad, que es no inscribir los títulos en la base de datos de la DGA.

¿En qué hace falta crecer en infraestructura para los recursos hídricos?
Hay una obligación permanente de la industria, de ir reponiendo su infraestructura. Por ejemplo, hay muchas plantas de tratamiento de aguas servidas que están llegando al fin de su vida útil. Evidentemente las empresas lo van a tener que ir reemplazando, pero también hay que incorporar recursos hídricos al sistema. Eso supone desalación, obras de conducción, mejorar estructuras de aguas subterráneas.

En Chile no hay comunidades de aguas subterráneas, hay dos, entonces cómo vamos a gestionar los recursos hídricos de manera eficiente si solo hay dos comunidades de aguas subterráneas. Tenemos que solucionar el problema de hacer más eficiente las obras de riego, Chile necesita estas obras, igual como las sanitarias deben ser más eficientes en las aguas no contabilizadas. Nosotros somos solo el 5% del agua, el 85% es la agricultura, el 5% es la minería, en promedio, porque cambia en cada región. La gente cree que la mayor cantidad de agua se usa para agua potable y no es así.

Ver  AGUA la revista del recurso hídrico de Chile

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