Breve historia de la industria sanitaria chilena
La historia de los servicios que proveen agua potable y alcantarillado se remonta hasta la creación de Santiago en 1541, cuando Pedro de Valdivia encargó al alarife Pedro de Gamboa el trazado de las calles y el Cabildo le pidió en paralelo la construcción de canales de riego y acequias de desagüe, pero fue recién a mediados del siglo 19 que se realizaron obras mayores.
En 1850, la Municipalidad de Valparaíso y el empresario Guillermo Wheelwright, firmaron un contrato que proponía abastecer de agua a la ciudad por cañerías desde la quebrada de San Agustín; para lo que construyó un tranque y tendió tuberías, mientras que en Concepción se inauguró una planta de suministro de agua en 1860 en la Isla de la Mochita, que captaba agua del río Biobío. En 1888, la empresa Tarapacá Water Works, vinculada al británico John Thomas North, proveía agua potable a Iquique y en 1894 había estanques de acumulación de 20.000 m3 en Antonio Varas – Santiago y comenzaba su servicio la primera etapa del alcantarillado en la capital.
En 1931 se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, dependiente del Ministerio del Interior, que en 1953 se fusionó con del Departamento de Hidráulica de la entonces cartera de Obras, y dio paso a la Dirección de Obras Sanitarias del MOP.
Estructura actual
La estructura actual de la industria puede trazarse hasta 1977, con la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (Sendos), una institución autónoma del Estado que integró todas las entidades que operaban en el sector y se relacionaba con el gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El Sendos estaba compuesto por una Dirección Nacional y once Direcciones Regionales, en once de las trece regiones que existían entonces, además de dos empresas autónomas: la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL). Aunque hizo grandes avances en cobertura, a fines de los 80 este modelo estaba agotando sus potencialidades.
En esos días, el tratamiento de aguas servidas era una experiencia nueva para Chile. Si bien ya había algunos sistemas usando una tecnología básica, denominada laguna facultativa, para descontaminar las aguas, se requería un cambio de fondo para adaptarse a las nuevas normas ambientales. Ello requería capital y conocimientos tecnológicos, con los que las empresas sanitarias no contaban en ese momento.
Alianza público-privada
La descontaminación de las aguas servidas era una necesidad imperiosa para el desarrollo del país, sobre todo por la relevancia que tiene para la calidad de vida de las personas, por razones de salud pública, pero también debido a la creciente conciencia medioambiental, las mayores exigencias en los mercados internacionales para las exportaciones chilenas, la necesidad de recuperar el borde costero para el turismo y el deseo de hacer un uso eficiente del recurso hídrico.
Las alternativas posibles entonces eran construir dichas obras endeudando al Estado y distrayendo dineros de programas sociales, o incorporar al sector privado, logrando que los operadores que entraran a la propiedad de las empresas asumieran los compromisos de inversión necesarios. La colaboración del sector privado era determinante para avanzar en el tratamiento de las aguas servidas del país, lo cual requería un marco regulatorio estable que estimulara la inversión. Por ello, se tomó la decisión de traspasar la operación de las empresas sanitarias creadas a partir de las unidades regionales del Sendos a manos privadas.
Así, entre 1998 y 1999, Esval, Emos, Essel, Essbio y Essal fueron traspasadas a inversionistas mediante la venta directa de un porcentaje accionario que les aseguró el control. En las otras ocho empresas, entre 2001 y 2004 el Estado optó por arrendar la concesión, para lo cual realizó cuatro procesos de licitación tendientes a traspasar los derechos de operación por 30 años a sociedades formadas con ese fin.
Amplia cobertura en los servicios urbanos
El salto en la cobertura de tratamiento de aguas servidas conseguido en poco más de una década erradicó enfermedades entéricas, cambió la cara de playas, ríos y balnearios, permitió recuperar espacios urbanos y contribuyó al desarrollo de la agroindustria. Si en 1998 se trataba apenas el 16% de las aguas servidas domiciliarias, para 2004 la cifra llegaba al 71,6% y al 99,8% en 2012.
En 2011, el Estado enajenó las acciones de empresas sanitarias que aún estaban en manos de la Corporación de Fomento, Corfo. No obstante, conserva una participación de 5% en firmas como Aguas Andinas, Essbio, Esval y Essal, bajo la modalidad “acción dorada”, es decir, si bien es un accionista minoritario, puede vetar algunas decisiones.
Hoy existen en Chile 56 concesionarias de servicios sanitarios urbanos, 49 de ellas en operación, que atienden a 5,9 millones de clientes en 399 localidades en las 16 regiones del país. Prestan, dependiendo de sus permisos, servicios de producción y distribución de agua potable, y recolección y tratamiento de aguas servidas, en áreas operacionales definidas en las que atienden a una población cercana a los 17 millones de personas.
Chile cuenta con coberturas urbanas de 99,4% en agua potable, 97,48% en alcantarillado y 99,8% en tratamiento de aguas servidas. El acceso al agua potable en las áreas concesionadas es continuo, 24 horas al día los siete días de la semana, y el producto que se distribuye cumple con la norma chilena 409 (NCh 409), que fija 43 parámetros que aseguran la entrega de agua potable sana y segura.