Perfil de la Industria
En Chile, el sector sanitario urbano está compuesto por 59 empresas, 54 de ellas efectivamente en operación. Atienden áreas de concesión exclusivas en las 16 regiones del país, con un universo de 5,7 millones de clientes a nivel nacional. Se estima que en términos de población, corresponden a más de 17 millones de personas en 397 localidades.
El 95,7% de los clientes de la industria es atendido por operadoras privadas, mientras que el 4,3% restante corresponde a usuarios de concesionarias del Estado, de municipalidades o cooperativas.
Las 25 mayores empresas que prestan servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas (alcantarillado) atienden en conjunto al 99,4% de los clientes de las zonas urbanas del país.
La cobertura urbana de agua potable a nivel nacional llega al 99,9% (Fuente SISS), mientras que la de alcantarillado se acerca a 97%. (Proyección Andess).
En el caso del tratamiento de aguas servidas es de 100% respecto de la población que cuenta con alcantarillado (Proyección Andess).
Respecto al comportamiento en el consumo promedio de los clientes, este llega a 17,2 m3 al mes, con una baja acumulada de 28% desde el año 1998. En más detalle, el consumo domiciliario promedio mensual llega a 14,5 m3.
Grandes Inversiones
Proporcionar servicios de agua potable y alcantarillado de buena calidad demanda grandes inversiones en infraestructura. En el período 2000-2020 las empresas sanitarias han invertido US$ 7.967 millones. De esa cifra, un 62% se destinó a asegurar los servicios de agua potable y alcantarillado. Para el período 2021-2022, la inversión prevista por las empresas asociadas en Andess sólo en planes de desarrollo suma US$ 1.063 millones, 69% de los cuales irán a la producción de agua potable, un 18% a alcantarillado y 13% a tratamiento de aguas servidas.
Breve Historia
La historia de los servicios que proveen agua potable y alcantarillado se remonta hasta la creación de Santiago en 1541, cuando Pedro de Valdivia encargó al alarife Pedro de Gamboa el trazado de las calles y el Cabildo le pidió en paralelo la construcción de canales de riego y acequias de desagüe, pero fue recién a mediados del siglo 19 que se realizaron obras mayores.
La estructura actual de la industria puede trazarse hasta 1977, con la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (Sendos), una institución autónoma del Estado que integró todas las entidades que operaban en el sector y se relacionaba con el gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El Sendos estaba compuesto por una Dirección Nacional y once Direcciones Regionales, en once de las trece regiones que existían entonces, además de dos empresas autónomas: la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) y la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL). Aunque hizo grandes avances en cobertura, a fines de los 80 este modelo estaba agotando sus potencialidades.
En esos días, la descontaminación de aguas servidas era una experiencia nueva para Chile. Si bien ya había algunos sistemas usando una tecnología básica, denominada laguna facultativa, para descontaminar las aguas, se requería un cambio de fondo para adaptarse a las nuevas normas ambientales. Ello requería capital y conocimientos tecnológicos, con los que las empresas sanitarias no contaban en ese momento.
La descontaminación de las aguas servidas era una necesidad imperiosa para el desarrollo del país, sobre todo por la relevancia que tiene para la calidad de vida de las personas, por razones de salud pública, pero también debido a la creciente conciencia medioambiental, las mayores exigencias en los mercados internacionales para las exportaciones chilenas, la necesidad de recuperar el borde costero para el turismo y el deseo de hacer un uso eficiente del recurso hídrico.
Las alternativas posibles entonces eran construir dichas obras endeudando al Estado y distrayendo dineros de programas sociales, o incorporar al sector privado, logrando que los operadores que entraran a la propiedad de las empresas asumieran los compromisos de inversión necesarios. La colaboración del sector privado era determinante para avanzar en el tratamiento de las aguas servidas del país, lo cual requería un marco regulatorio estable que estimulara la inversión. Por ello, se tomó la decisión de traspasar la operación de las empresas sanitarias creadas a partir de las unidades regionales del Sendos a manos privadas.
Las empresas consignadas como vendidas (en el cuadro siguiente) fueron traspasadas a los inversionistas mediante la venta directa de un porcentaje accionario que les aseguró el control. En el caso de arriendo de la concesión, el Estado traspasó el derecho de operación por un total de 30 ańos a una sociedad formada para esos efectos.
En 2011, el Estado enajenó las acciones de empresas sanitarias que aún estaban en manos de la Corporación de Fomento, Corfo. No obstante, conserva una participación de 5% en firmas como Aguas Andinas, Essbio, Esval y Essal, bajo la modalidad “acción dorada”, es decir, si bien es un accionista minoritario, puede vetar algunas decisiones.
Marco Regulatorio
La base de la estabilidad y los grandes resultados del sector
Antes de incorporar a privados en la propiedad y gestión de las sanitarias, se modificó el marco regulatorio chileno con el objetivo de adecuar la legislación a la nueva realidad y se creó el organismo regulador sectorial, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Los principales cambios que contempló la normativa fueron los siguientes:
- Mayores facultades de fiscalización del superintendente de Servicios Sanitarios.
- Mayores recursos para la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- Normas para los estudios tarifarios, de modo que fueran progresivamente convergiendo, y en caso de discrepancias se creó la instancia de la Comisión de Peritos.
- Cambios en la manera de determinación de la tasa de costo de capital de las empresas sanitarias.
- Dichos cambios aseguraron la fiscalización del regulador, con el objetivo de resguardar la calidad del servicio y el cumplimiento de los planes de desarrollo por parte de las empresas privatizadas.
- Estos planes son la principal herramienta de planificación, mediante la cual se evalúan, identifican y programan las obras que permiten satisfacer la demanda. A la SISS le corresponde pronunciarse y luego revisar los planes, que son actualizados por las empresas sanitarias cada cinco años. Además, debe controlar el cumplimiento de los cronogramas de inversión. Su incumplimiento puede derivar en la caducidad de la concesión.
Proceso de tarificación
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) determina cada cinco años las tarifas que las empresas sanitarias cobran a los usuarios, según un procedimiento administrativo fijado por la legislación.
Esto se realiza bajo el modelo de una “empresa eficiente” y no real. Por lo tanto, las tarifas que se obtienen serán las más eficientes desde el punto de vista económico para el consumidor. La compañía alcanzará la rentabilidad mínima asegurada de acuerdo a lo determinado en el proceso sólo si es capaz de competir con la empresa modelo. Así, además se limita el poder de mercado y se fomenta la eficiencia productiva.
Dentro de este proceso tarifario, cuando se producen diferencias entre el regulador y la empresa que presta el servicio, se puede recurrir a un Comité de Expertos, el cual fallará de manera inapelable y vinculante.
El proceso de tarificación está consolidado en un período de uso de más de 20 años. En la actualidad, la industria se encuentra aplicando el sexto período.
Sistema de Subsidios
A través de las municipalidades, el Estado entrega un subsidio de agua potable y alcantarillado a las familias de escasos recursos del país, pagando por los primeros m3 consumidos en porcentajes variables, dependiendo de las tarifas y de los niveles socioeconómicos. Este beneficio es descontado mensualmente y aparece indicado en el documento de cobro (boleta), por lo que el beneficiario sólo paga la diferencia que no es subsidiada.
Según estimaciones de Andess, actualmente unos 723.000 hogares, cerca del 13,6% de los clientes de los servicios sanitarios del país, son beneficiarios de este subsidio. El subsidio alcanza en promedio a unos 9.000 pesos mensuales por familia.
La evolución de la entrega de este beneficio ha sido la siguiente:
Más de 35.000 familias son beneficiadas por el Estado con el pago del 100% de su cuenta de agua y saneamiento, con un tope de consumo de 15 m3 mensuales.
Para acceder a este subsidio las personas o familias deben realizar los siguientes trámites:
- Acercarse al municipio o a la empresa sanitaria que corresponda a su domicilio y completar todos los datos del formulario especial que existe para ello.
- Estar encuestado en el Registro Social de Hogares, con ficha vigente.
- Encontrarse al día en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Acreditar su condición socioeconómica.
- El otorgamiento del subsidio será aplicado un mes después de aprobado. Puede durar hasta 3 años, pero si las condiciones que justificaron su otorgamiento se mantienen una vez terminado, se podrá volver a postular.
Más información en http://www.siss.gob.cl/577/w3-propertyvalue-3556.html