País: Chile
Fecha: 12-05-2019
Medio: El Mercurio
Máxima timonel de las sanitarias se abre a que las empresas compartan las utilidades con usuarios por los servicios no regulados
En su primera entrevista al mando del gremio, asegura que es ‘razonable’ entregar a los usuarios parte de los pagos que las sanitarias perciben por realizar servicios no regulados a terceros y que se hacen usando, por ejemplo, las redes de alcantarillado ya instaladas y que pagan sus clientes. Agrega que hay interés de las compañías por participar en la construcción de colectores de agua lluvia, si es que finalmente estos se concesionan.
Poco más de cuatro meses lleva Jessica López Saffie como presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), gremio que agrupa a 20 empresas sanitarias —entre ellas, Aguas Andinas, Esval y Essbio— y que representan al 94% de los clientes de la industria. Un rubro muy distinto a la banca y las instituciones financieras, donde por años desarrolló su carrera. Entre 2014 y 2018, López fue gerenta general de BancoEstado. Y hoy es timonel de las sanitarias, gremio eminentemente masculino, señala, pero que ha empezado a cambiar. De hecho, en abril, Marta Colet fue nombrada gerenta general de Aguas Andinas. “Creo que es un tema de tiempo que los hombres nos abran el espacio, que nosotras empujemos un poco, y que la legislación nos ayude con cuotas. No es justo que tengamos que ser un “caso de negocio”, que digan que es económicamente conveniente tener mujeres o donde hay mujeres a las empresas les va mejor. ¿Y si no les va mejor?, ¿no nos van a dejar un espacio?, ¿por qué?”, afirma Jessica López.
En su primera entrevista como timonel de Andess, aborda el debate que se abrió a raíz de un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) por la falta de cobertura sanitaria en áreas urbanas. Asegura que entre 2000 y 2018, la industria ha hecho inversiones por US$ 7 mil millones, de las cuales el 60% corresponde a agua potable y alcantarillado, y lo más probable, adelanta, es que hagan inversiones similares en la próxima década.
Además, se pronuncia sobre los desafíos en materia hídrica. “Hay dos millones de personas en Chile que viven en zonas rurales, y que no tienen el agua potable asegurada de forma continua y de calidad, que dependen de los servicios sanitarios rurales, una institución de larga data, de 1.800 organizaciones de ciudadanos que se han agrupado y trabajado con el MOP (Ministerio de Obras Públicas) y han resuelto, en cierta medida, su necesidad de agua. Pero es un sistema que tiene vulnerabilidades, no hay un tratamiento de las aguas servidas y no está bien resuelto con las fosas sépticas. Hay dos Chile: el de las ciudades, urbano, con estándares mundiales, y el Chile rural”, señala. Su propuesta es levantar una mesa de trabajo con el MOP para diseñar un plan de saneamiento nacional para zonas rurales.
Partidarios de concesionar la construcción de colectores
Esta semana, la CChC dio a conocer un estudio que cifra en más de US$ 3 mil millones el déficit en colectores de aguas lluvia, según publicó el Diario Financiero.
Jessica López concuerda con esta cifra, sostiene que el Estado “está al debe” y recalca que afecta directamente a las sanitarias: cuando hay lluvia, las aguas se van a los alcantarillados que están diseñados para canalizar las aguas servidas —explica—, y en algunas ocasiones, estos se revientan, porque no tienen la capacidad para recibir estas aguas lluvias.
Por ello, califica como “esperanzadora” la opción de construir colectores de aguas lluvia vía concesiones. “Estamos de acuerdo con lo que plantea el ministro (Juan Andrés) Fontaine en términos de ver cómo concesionar la construcción de colectores y podría ser otro negocio no regulado (que puede ser realizado por terceros, como limpieza de fosa séptica, reposición de tapa de cámara domiciliaria, desobstrucción de alcantarillado, etc.)”, señala.
Aunque afirma desconocer los detalles de la propuesta del MOP, plantea que se debe separar la construcción de la operación y mantención de colectores de aguas lluvia.
¿Quién pagaría los colectores? “Los puede pagar el MOP o puede cobrar a los usuarios. Lo vemos como algo distinto a nuestros servicios. Creemos que tiene más que ver con las contribuciones de la vivienda”, afirma. “En el intertanto, estamos obligados a hacer obras de seguridad, ampliar las plantas de tratamiento para recibir más agua, porque nos hemos visto expuestos a situaciones dramáticas: se han reventado colectores y aparecen las sanitarias como contaminando. Se han hecho inversiones, como en Los Muermos (una inversión de Essal por más de $2.900 millones)”, indica.
“Cuando hay incertidumbre sobre las regulaciones, los accionistas se ponen en modo de espera”
Hoy se discute en el Congreso un proyecto de ley que modifica los servicios públicos sanitarios y Andess, dice Jessica López, ha participado entregando comentarios al MOP.
El proyecto propone que se repartan los ingresos que las sanitarias perciben por servicios no regulados, a través de un descuento en la tarifa. Es decir, que el beneficio de la venta de estos servicios sea compartido en partes iguales entre los usuarios de las redes y los prestadores (sanitarias), y no únicamente que sean percibidos por estos últimos, como pasa ahora. Según la iniciativa, para dar servicios no regulados, los prestadores usan infraestructura compartida que los clientes ya pagan. Por ejemplo, si una sanitaria quiere prestar a terceros el servicio de tratamiento de agua servida, usa la red existente que ya cobra a sus clientes.
Para la timonel de las sanitarias, el punto es “razonable”. Agrega que esto ya se hace, pero lo que no está claro es el monto y cómo lo respaldan. “Eso se hace, se rebaja de los sistemas de cálculos de tarifas estas utilidades. Es beneficioso para las personas y justo”, afirma. El tema, señala, es cuánto pagar: “Hoy las condiciones están para que puedas tener buenos supuestos y estimaciones de cuánto tienes que pagar de las utilidades que genera cada negocio por el uso de la infraestructura. Creemos que tenemos que documentar y respaldar apropiadamente eso frente a la autoridad para que el porcentaje que se comparta sea el justo”.
—¿Cómo ve la polémica sobre los medidores inteligentes, considerando que también es una industria de suministros básicos regulados? Y en materia sanitaria, en este momento está en discusión un proyecto de ley.
“Siempre inquieta una situación así. A uno le guste o no, cuando hay incertidumbre sobre las regulaciones establecidas, los accionistas y los inversores se ponen en modo de espera. Hoy, para asegurar el abastecimiento y los servicios sanitarios en Chile, no es bueno que haya espera. Es bueno que haya inversiones concretas. Pero los países avanzan, sus sistemas de regulación también y es natural que se revisen”.
Polémica con constructores por ampliación de servicios sanitarios: “No hay un desfase”
Jessica López es de la idea de sentarse a conversar con la CChC sobre dos temas en los cuales tienen discrepancias: cómo se resuelven las deficiencias en cobertura sanitaria para áreas urbanas y cuándo corresponde el pago de Aportes Financieros Reembolsables (AFR) para la ampliación de los servicios. Revela que ya tiene agendada para los próximos días una reunión con Patricio Donoso, presidente del gremio constructor, en la cual pretende proponer la conformación de una mesa de trabajo en torno a estos temas.
El debate en torno al pago de AFR es si este procede para viviendas cuya tasación supere las 750 UF, o si el valor de venta es el que debe superar las 750 UF. Mientras, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y los constructores sostienen que el cobro procede para viviendas cuya tasación sea mayor a 750 UF, las sanitarias desestiman esta visión y aseguran que el cobro de AFR procede para viviendas cuyo valor de venta supere las 750 UF, postura que han defendido en tribunales con fallos a favor.
Jessica López asegura que en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de servicios sanitarios, han hecho llegar propuestas sobre este punto al MOP.
“Uno de nuestros comentarios es que ampliemos el valor de 750 UF a 1.100 UF, pero de valor de venta de la vivienda, que es lo que corresponde. Ese es el valor al que se vende la casa, al que se calcula el dividendo: ¿Cuál es el precio de la casa? ¿Cuál es el valor al que la inmobiliaria vende y genera sus negocios? La lógica es prestar un servicio gratuito para la gente con necesidades y más vulnerables”, indica.
Sobre la ampliación de los servicios en áreas urbanas, otra polémica que se abrió con los constructores, asegura: “Usted dice que hay un desfase, no hay un desfase. Siempre en un emplazamiento urbano nuevo te instalas, empiezas a construir, y después de que ha habido una cantidad de desarrollo, se hace la inversión (sanitaria)”, responde.
Agrega que para contar con los servicios sanitarios es necesario saber varios temas: qué proyecto se va a hacer, de qué precio, cuál será el proceso de venta, en qué tiempo se va a empezar a usar y cuándo va a empezar a recuperar dinero a partir de la tarifa del agua.
Aunque reconoce que la coordinación entre constructores y sanitarias se puede mejorar, asegura que los precios para la ampliación de los servicios están publicados en las web de las empresas sanitarias, tal como lo mandató un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de 2009.
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