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Santiago, 4 de febrero de 2021. A partir de la aprobación en general en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional de la iniciativa que deroga el Código de Aguas y establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados desde 1981 a la fecha, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.), manifiesta su preocupación por:

1. En el contexto actual de más de 12 años de profunda sequía, y en plena escasez hídrica a causa del cambio climático, creemos que los esfuerzos de los distintos sectores deben estar centrados en velar por asegurar el suministro de agua potable para las ciudades y el uso de las familias, lo que se logra con inversiones, expertise y soluciones innovadoras que permitan un abastecimiento seguro y continuo -como ha sido hasta ahora- aún en condiciones climáticas tan extremas como las que vivimos.

2. De aprobarse iniciativas como esta norma, pondrían en grave riesgo la seguridad hídrica que necesitan los hogares de todas las ciudades de Arica a Punta Arenas y, a la vez, el consumo humano de más de 15,6 millones de personas. Lo anterior, porque puede traducirse en graves inconvenientes para contar con los derechos de agua necesarios que permitan mantener la distribución de agua potable en todo el país, deteriorando a la vez las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse las obras, la innovación y la introducción de tecnología que se requieren para hacer efectivo el Derecho Humano al acceso a Agua Potable y Saneamiento a diario. Se arriesga también el que este derecho se extienda a aquellos lugares en que persisten las brechas, en especial, en el sector rural donde más se evidencian graves efectos de la falta de agua.

3. Esperamos poder contar con espacios para reunirnos a la mayor brevedad con las autoridades y convencionales para explicar y detallar los graves riesgos que enfrentaría la ciudadanía de concretarse y aplicarse esta norma y, a la vez, compartir nuestra visión en torno a la mejor manera de resguardar institucionalmente el Derecho Humano al Agua y Saneamiento en la Nueva Constitución, que pasa -además- por consagrar la prioridad del uso del agua para consumo humano.

 

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