Sanitarias: 309 mil clientes deben 7 o más cuentas y plantean medidas

En esta entrevista publicada en El Mercurio, la presidenta de Andess delinea las propuestas de la industria.

¿Quién paga la cuenta del agua o quiénes podrán hacerlo tras la pandemia? Esas son algunas de las preocupaciones de las empresas sanitarias que desde hace poco más de un año mantienen el servicio a clientes que no han podido pagar las boletas, en el marco de medidas de apoyo voluntarias y por ley hacia las familias afectadas por los problemas económicos generados por el covid-19. 

A inicios de abril, las sanitarias acordaron extender hasta noviembre próximo la suspensión de corte del suministro. Ello, mientras se tramita una ley en el Congreso que prorrogaría la no interrupción de los servicios básicos hasta fin de año. Las empresas tomaron esa decisión, pese al fuerte aumento en la cantidad de clientes morosos con dos o más cuentas impagas, que a la fecha suman unos 738 mil e involucran unos $168 mil millones, según cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess). 

La presidenta de Andess, Jéssica López, comenta que los usuarios que más preocupación generan respecto de su capacidad para pagar una vez pasada la emergencia por coronavirus, son los que tienen cuatro o más cuentas pendientes, los que suman unos 417 mil usuarios, equivalentes poco menos del 60% del total.

De ese grupo, según Andess, 308.916 clientes tienen una deuda media de $430.555, por registrar siete o más cuentas adeudadas. Otros 108.103 usuarios deben en promedio $118.624, por cuatro a seis facturas impagas. En tanto, unos 320 mil clientes deben una media de poco más de $70.000, por tener dos o tres boletas vencidas.

“Este es un tema que está alcanzando dimensiones grandes. La cantidad de deudas que hay en algunas familias, que están acumulando en agua y luz, es grande y será bien complicado”, comenta López. Añade que se debe buscar una solución a través de una mesa de trabajo con el Estado, especialmente para las familias más vulnerables. 

Ante las deudas acumuladas, Andess tiene un conjunto de propuestas. Por una parte, propone un incremento transitorio del subsidio de agua potable —actualmente de US$ 100 millones al año—, para aumentar el número de familias beneficiadas, pues hoy favorece solo a 700 mil hogares y hoy los grupos vulnerables son millones, indica el gremio.

“Para las personas que están lidiando con las cuentas del agua, la luz y la alimentación, nos parece que lo más razonable es que el Estado amplíe los recursos para un subsidio de agua potable, durante dos a tres años hasta que se recupere la situación económica y poder apoyar a esas familias para que puedan pagar sus cuentas”, señala López. 

Otra propuesta de Andess es incorporar una garantía del Estado a los convenios de postergación y prorrateo de deudas que los clientes suscriban con las empresas sanitarias que hayan suspendido los cortes durante el estado de catástrofe. 

Asimismo, plantea que la industria sanitaria podría incorporar mecanismos de incentivos al cumplimiento oportuno del pago en los acuerdos de aplazamiento. López sostiene que el prorrateo de las deudas debe considerar la capacidad financiera de las personas. “No queremos un pago fijo que resulte en cuentas que no se puedan pagar”, indica.

Respecto de la propuesta de senadores DC para el pago de las cuentas de servicios básicos, Jéssica López la considera como positiva, “porque es un reconocimiento de un problema grande que se está gestando”. Agrega que le parece “razonable que considere que todos participemos en la solución, los clientes afectados, el Estado, las industrias y sociedad en general”. Sin embargo, señala que “echamos de menos un aumento del subsidio al agua potable”. 

Sobre la situación financiera de las firmas sanitarias, la presidenta de Andess recuerda que en 2020 los ingresos de las compañías cayeron 6% por menores consumos en clientes no residenciales, ya que estuvieron cerradas por varios meses las oficinas y empresas. 

Lo anterior se une a las deudas domiciliarias y a los mayores costos de operación de los trabajadores del sector —la mitad opera en terreno— en medio de protocolos sanitarios.

 

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